Plaguicidas ilegales, ¿se utilizan aún?

Los escándalos por el uso de plaguicidas prohibidos en vegetales de Almería y la reducción de la oferta de agroquímicos están disparando los sistemas sostenibles de lucha contra las plagas. Por Rafael Carrasco
La crisis de los pimientos de Almería, que durante 2007 hundió las ventas de esta hortaliza en Alemania, Holanda y Reino Unido por la presencia de un plaguicida no autorizado, el isofenfus-metilo, sacó a la luz el inquietante uso de pesticidas ilegales en el campo español. Dos años después, esa crisis y las actuaciones públicas y privadas posteriores a la misma han provocado una revolución silenciosa en nuestro campo, y esta vez ha sido para bien. No sólo se ha reducido claramente el contrabando de sustancias ilegales, sino que las grandes dificultades para usar agroquímicos convencionales por sus crecientes restricciones, controles y costes están propagando los sistemas biológicos e integrados de lucha contra las plagas como nunca antes había ocurrido. Aunque por ahora no existen cifras sobre ambas tendencias –menos uso de agroquímicos ilegales y más uso de plaguicidas de bajo impacto ambiental–, es una realidad que reconocen todos los sectores implicados.
Salvador Ortega es ingeniero de Montes y especialista de la Unidad Central del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) en este tipo de delitos y ha visto un cambio radical del panorama agroquímico al que este cuerpo de la Guardia Civil ha contribuido de forma notable y del que se siente muy orgullloso. “La tendencia es claramente positiva. El área donde el problema era más grave hasta hace relativamente poco –Almería y Murcia– ha mejorado mucho y, en el último año se ha notado una drástica disminución en el consumo de este tipo de productos ilegales.”

Actuación policial
La patrulla verde de la Guardia Civil desarrolló dos campañas masivas contra estos delitos en 2006 y 2007. El primero de esos años, justo antes de la crisis de los pimientos, se llevaron a cabo 290 actuaciones en toda España, fundamentalmente en el sureste peninsular, con dos detenidos, 22 imputados , 422 infracciones administrativas y 29 penales. En 2007 saltaron todas las alarmas por la presencia del famoso isofenfus en algunas partidas de pimiento almeriense exportadas a Alemania, Holanda y Reino Unido, lo que cerró esos mercados durante meses a la hortaliza española y provocó un gran daño a la imagen de la agricultura española entre los consumidores europeos. Entre otras razones, porque sus competidores del norte aprovecharon el aparente descontrol español en el uso de plaguicidas para hacer campañas contra nuestros productos. Ese mismo año, sin embargo, la Guardia Civil multiplicó sus esfuerzos contra estos delitos y realizó 3.428 inspecciones, a las que siguieron 5.144 denuncias administrativas y 39 penales, con ocho detenidos y 24 imputados. Ya en 2008, con un cambio de tendencia muy acusado, la campaña del Seprona se ha concentrado en la Comunidad de Andalucía en los meses de octubre y noviembre y el resultado ha sido 615 inspecciones, con 501 infracciones administrativas, 12 penales, 38.000 kilos de fitosanitarios intervenidos y 11 personas imputadas. Son cifras que indican que el problema sigue presente en Andalucía, pero que se ha reducido en dos tercios respecto a la situación de los años anteriores.

Agricultores responsables
No es sólo la disuasión del Seprona lo que ha cambiado las cosas. “Más que nuestras operaciones –explica el teniente Ortega–, que han sido muy intensas, la crisis de los pimientos produjo tales pérdidas a los agricultores almerienses que tanto éstos como los de Murcia se han dado cuenta de que por ahí no podían seguir. Si, además, venía el Seprona o la Consejería de Agricultura, tomaba una muestra y veía algo raro, entonces, dejaban de vender y, encima, tenían que pagar una multa bastante considerable.”
Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, así como las diferentes consejerías autonómicas de Medio Ambiente y de Agricultura están favoreciendo claramente, y por primera vez, unas alternativas que han reducido mucho el uso de productos fitosanitarios, como son el control biológico y el integrado. Este último combina una parte de química con procesos naturales, como el extracto de algas, ciertos hongos o sustancias eficaces obtenidas por fermento del suelo para luchar contra las plagas agrícolas. Incluso en el mar de plástico almeriense, que hasta hace poco era el mejor cliente en Europa de la industria agroquímica, se están imponiendo los sistemas antiplaga más benignos.
Como explica Alfonso Chamorro, ingeniero agrícola de una gran explotación de El Ejido, en Almería, “con las nuevas normativas de la Unión Europea, han desaparecido el 70% de los productos que se vendían hasta ahora. Al haber mucho menos producto donde elegir, hay gente que opta por comprar un producto pirata e inyectarlo en la fase de producción. Pero el que quiere hacer las cosas bien ha tenido que optar por la única opción que le queda prácticamente, que es el control biológico –más caro– o la lucha integrada, que combina química y sistemas naturales (…). Ha sido una transformación completa en un año –reconoce el teniente Ortega–, ahora lo que demandan los invernaderos del sureste es proteger las plantas con insectos predadores de la especie plaga, y no es exagerado decir que los agricultores bajo plástico de Almería son hoy unos entomólogos fabulosos”.
El responsable del Laboratorio de Referencia Comunitario de frutas y hortalizas para Europa, Amadeo Rodríguez, también señala que los crecientes controles a los agroquímicos convencionales los han encarecido considerablemente y ahora resultan mucho más atractivas alternativas como la lucha integrada o el control biológico.

Las químicas se apuntan
La propia patronal de los plaguicidas (AEPLA) está colaborando activamente en la lucha contra el uso de sustancias ilegales, una actividad que perjudica mucho la imagen de esta industria y la de sus clientes dentro y fuera de España.
La venta ilegal de pesticidas supone, además, una competencia desleal para la muy regulada industria europea de agroquímicos por parte de sus competidoras de China y otros países con legislaciones laxas. “Los miembros de AEPLA –reconoce Salvador Ortega, el experto del Seprona en estos temas agroquímicos– son grandes colaboradores nuestros. A los fabricantes les interesa nuestro trabajo y colaboran con nosotros porque les quitamos una competencia ilegal. Y para nosotros, ellos son una fuente muy valiosa porque tienen personal distribuido por toda España y saben mucho más que nosotros de estos temas”. AEPLA, incluso, colabora en la formación del personal del Seprona y en casi todos sus cursos de formación participa alguna persona de esta Asociación Española para la Protección de las Plantas.
A finales de 2008, la asociación puso en marcha una campaña de comunicación contra el tráfico ilegal de fitosanitarios que incluye un teléfono de avisos (902 88 20 81) al que se puede llamar de forma anónima para informar de posibles usos de sustancias ilegales o de redes y personas que puedan estar distribuyendo este tipo de mercancías. Las informaciones procedentes de esas llamadas se remiten directamente al Seprona y a las autoridades autonómicas, para que realicen las pesquisas e inspecciones pertinentes y, según AEPLA, “erradicar el tráfico ilegal de productos fitosanitarios”. En opinión de Sergio Dedominici, vicepresidente de la entidad, la nueva campaña “refleja de forma positiva la recuperación de la imagen de los productos hortícolas españoles en el mundo, pero sigue lanzando el mensaje de que no hay que bajar la guardia y ofrece una nueva herramienta para luchar contra el tráfico ilegal a través de un servicio telefónico anónimo”.
El vicepresidente de AEPLA se muestra más que satisfecho “tras un año positivo en el que apenas ha habido problemas con el uso de estos productos ilegales y se ha producido una apuesta clara por la producción integrada”. Como ejemplo, el vicepresidente de la patronal química FEIQUE, Juan José Navas, escribe en la revista del Ministerio de Medio Ambiente, Ambienta: “Cada vez son más los agricultores que utilizan productos fitosaniarios en el contexto de sistemas productivos más sostenibles basados en la agricultura integrada u otros sistemas de producción certificados, en combinación con otras prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente”.

El riesgo continúa
La tendencia hacia una menor utilización de plaguicidas legales o ilegales es una gran noticia para los consumidores de los vegetales y para el medio ambiente en general, así como uno de los pocos éxitos que se pueden atribuir a la fusión en esta legislatura de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura. Un éxito con sordina, eso sí, porque tanto los resposables del MARM como los de las consejerías correspondientes, la industria agroquímica o el Seprona no quieren lanzar las campanas al vuelo y temen un repunte de esta actividad ilegal, ya que las redes de contrabando de pesticidas prohibidos o no autorizados, que parten, en su mayoría, de China, siguen ahí. Por otro lado, existe el riesgo de que las crecientes exigencias y restricciones de la Unión Europea respecto a fitosanitarios lleven a la desesperación a un buen número de agricultores en los próximos años y los lance de nuevo hacia el camino de la ilegalidad.
Que ni el Seprona, ni las diferentes consejerías autonómicas de Agricultura, ni la patronal de los pesticidas AEPLA canten victoria se debe, entre otras razones, a que las crecientes garantías, restricciones y controles en el uso de plaguicidas pueden repuntar de nuevo el uso ilegal de químicos prohibidos o no autorizados en la Unión Europea por su peligrosidad para nuestra salud y la de quienes los aplican.
De hecho, desde 1993, el proceso de reevaluación de plaguicidas impuesto por Bruselas a la industria química que exigía a ésta costosos estudios de seguridad o “no peligrosidad” ha acabado con casi el 70% de los compuestos conocidos. En la mayoría de los casos porque las Bayer, Elf, Solvay y compañía no han querido pagar esos estudios o no estaban seguros de que, aún haciéndolos, sirviesen posteriormente para aprobar el examen. Por otra parte, a comienzos de este año, el Parlamento Europeo aprobaba una lista de 22 sustancias plaguicidas que van a ser prohibidas en toda la Unión porque existe la posibilidad de que produzcan cáncer, sean mutagénicas o afecten a la reproducción. La lista no se ha dado a conocer, ya que todavía tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros, pero sí se sabe que en ella están incluidos una docena de los más usados en las huertas y campos de nuestro país. Y, en principio, en un plazo de tres años aquellos agroquímicos que contengan sustancias peligrosas tendrán que ser sustituidos por alternativas que ofrezcan seguridad.
La lista inicial de sustancias malditas de la Comisión Europea era mucho mayor y pretendía reducir en un 60% el actual consumo de fitosanitarios, pero dado que cada vez sabemos más sobre el efecto negativo en nuestra salud y el medio de los agrotóxicos, es probable que en los próximos años el endurecimiento del uso de esta química vaya a más.
La Unió, sindicato agrícola valenciano, asegura, por ejemplo, que la “continua supresión de productos fitosanitarios podría activar un mercado negro de los mismos, con el consiguiente riesgo que ello conlleva”. Por lo que respecta a la comunidad andaluza, la principal huerta de nuestro país y donde más pesticidas ilegales se usaban y se siguen usando, parece que el problema, aunque a menor escala, se ha trasladado ahora desde Almería y Granada a las provincias de Cádiz y Huelva.
Tampoco en la zona este de Andalucía está erradicado este tipo de contrabando, como demuestra la operación llevada a cabo el pasado mes de diciembre en Granada por el Seprona en colaboración con técnicos de la Junta de Andalucía. Dicha operación descubrió diez establecimientos no autorizados para la venta de productos fitosanitarios en el poniente granadino e inmovilizó casi 30.000 kilos de insecticidas, fungicidas y herbicidas, algunos legales y otros ilegales.

El tráfico ilegal, difícil de controlar
Los pesticidas prohibidos pasan sin problemas como legales entre las mercancías portuarias. Aunque los agricultores poco escrupulosos con la legalidad ya saben que se juegan mucho si compran agroquímicos ilegales, en la práctica, sólo la falta de demanda puede darnos una cierta tranquilidad. Entre otras razones, porque los productores y vendedores chinos están ávidos por recuperar clientes y el transporte desde Asia hasta nuestros campos es sorprendentemente fácil.
En medio de los miles de contenedores metálicos del tamaño de una habitación que entran cada día en nuestros puertos, es muy sencillo incluir cinco o diez bidones de lindano, por ejemplo, ya que las autoridades portuarias a duras penas pueden revisar toda la documentación de lo transportado. De hecho, muy rara vez comprueban que la mercancía declarada es la que realmente se encuentra dentro de cada contenedor. De manera que si el exportador chino, en lugar de lindano, declara que está fletando juguetes o cualquier pesticida autorizado en el continente europeo, en el 99% de los casos el lindano será descargado en el puerto sin más problemas.
“El de aduanas –explica el teniente Ortega de la Guardia Civil–, si sospecha algo, toma una muestra y la envía al laboratorio, pero eso significa esperar dos meses los resultados mientras la carga queda retenida ese tiempo en el puerto en perjuicio del importador español, que puede ser luego una persona completamente legal.”
la frontera del este de la ue es la otra vía de acceso, particularmente Ucrania, Bulgaria y Bielorrusia. Una vez que entran en Polonia o Grecia, la mercancía ilegal ya puede viajar por toda la Unión sin frontera alguna.
los comerciantes con pocos escrúpulos, así como los distribuidores y agricultores desaprensivos que arriesgan su salud y la de sus clientes comprando agroquímicos ilegales saben, eso sí, que enfrente tienen ahora a unos técnicos y unos policías cada vez mejor formados en este tipo de delitos.

Contrabando en internet
Los cuerpos policiales internacionales investigan las páginas web que venden estos productos
“Internet es el reino del contrabando. Es la mayor amenaza para el control de todos los tráficos ilegales, animales protegidos, medicamentos, droga y, también, por supuesto, fitosanitarios fabricados en China e ilegales en Europa.” Así de rotundo se muestra el teniente del Seprona Salvador Ortega cuando se le menciona la posibilidad de adquirir 200 litros de lindano en alguna web asiática, igual que se adquiere hoy un medicamento que requiere receta pulsando cuatro teclas del ordenador.
El tráfico de plaguicidas ilegales a través de Internet está empezando a preocupar a las policías de medio mundo, y la Europol, la Interpol y otras organizaciones policiales ya investigan esas páginas en la red, al igual que hacen con las redes de pornografía infantil o las del terrorismo islámico. A este respecto, el pasado otoño, el mismo teniente Ortega participó en Polonia en un curso de formación organizado por la Asociación Europea de Fabricantes de Plaguicidas para cuerpos policiales de toda Europa.

Reevaluación de toxicidad en la UE
Han desaparecido el 67% de sustancias peligrosas que se podían adquirir sin problemas en 1991
El pasado 16 de marzo, la Comisión Europea anunció la conclusión de los trabajos de revisión de sustancias activas utilizadas en productos fitosanitarios que comenzaron en 1993 y que tenía por objeto reevaluar la seguridad toxicológica o ecotoxicológica de estos ingredientes activos.
Estos trabajos, en los que han participado la Comisión Europea, La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y los estados miembros, consistían en examinar cada una de las sustancias utilizadas de forma habitual para averiguar si suponían algún riesgo para la salud de los consumidores, los agricultores o el medio ambiente; en especial para las aguas subterráneas y la fauna.
De las aproximadamente mil sustancias disponibles en el mercado cuando comenzó la revisión, junto con las nuevas presentadas a autorización durante estas casi dos décadas, un 26% –alrededor de 290 sustancias– han sido incluidas en la lista positiva y un 67% no han sido defendidas por la industria, entre otros motivos por los costes económicos o por un “perfil difícil de defender”. De hecho, cerca de 70 sustancias defendidas por la industria no se han incluido finalmente en la lista de autorizadas.

URL: http://www.larevistaintegral.com/?p=2616

Escrito por Redacción el jul 7 2009. Archivado bajo Reportajes. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por RSS 2.0. Puedes ir al final y dejar una respuesta. Pinging no esta permitido