Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España
“La gran revolución es considerar la pobreza como una violación de los derechos humanos que tiene responsables”.
Veinticinco años de trayectoria personal luchando por los derechos humanos dan para sentir algo de rabia y atreverse a ponerle palabras y franqueza a la experiencia. Esto es lo que ha hecho Esteban Beltrán, quien durante los últimos cinco años ha combinado su responsabilidad al frente de la sección española de Amnistía Internacional con la redacción de su libro Derechos torcidos. Antes de ocupar su actual despacho, este madrileño fue investigador de violaciones de los derechos humanos en Guatemala, Ecuador y Costa Rica.
El último informe de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en el mundo es preocupante. ¿Por dónde empezamos?
Este informe refleja varios mensajes importantes. El primero es que la actual crisis económica es una crisis de derechos humanos. Según el Banco Mundial va a haber 53 millones más de pobres en el mundo y entre 20 y 50 millones de personas que van a perder su empleo. Esto significa que mucha gente no va a tener acceso a una atención sanitaria, a la educación primaria ni a una vivienda digna. Amnistía hace un llamamiento al G-20, China y Estados Unidos para que enfrenten esta crisis desde el punto de vista de los derechos humanos. Además, teniendo en cuenta este panorama y que hay 200 millones de trabajadores inmigrantes en todo el mundo, es probable que aumenten los ataques racistas y xenófobos. El informe también alerta sobre algunos conflictos armados importantes: Afganistán, donde la población ha vivido su peor año en la última década; Gaza, la mayor cárcel del mundo, con un millón y medio de personas, de las que un 80% vive de la ayuda internacional y sin acceso a sus derechos, y con Israel cometiendo crímenes de guerra. Otro tema es la tortura, que sigue siendo práctica habitual en un centenar de países. Las buenas noticias tienen que ver con la pena de muerte, abolida ya en 137 países, y el avance de la justicia internacional. Cada vez hay más ex dictadores o ex presidentes en arresto domiciliario o en prisión por vulneración de los derechos humanos, aunque en España se ha producido un retroceso en este ámbito, ya que PSOE y PP han restringido la justicia universal.
¿Qué lugar ocupa nuestro país en el mapa de los derechos?
España tiene dificultades en materia de derechos humanos y presenta un paisaje muy inseguro en esta materia. Siguen siendo una amenaza los crímenes de ETA, pues amplios sectores de la población viven aún amenazados o intimidados. Por otro lado, vivimos un momento en que la tortura y los malos tratos no se reconocen como problema, pese a serlo y serio, especialmente en el ámbito de la inmigración, pero también en la lucha antiterrorista. Recordemos que existen agujeros negros, como el régimen de incomunicación que permite mantener así a una persona hasta 15 días. Además, seguimos teniendo problemas con el racismo y no estamos preparados para combatirlo, pues somos uno de los pocos países europeos que no documenta los episodios racistas que suceden en su territorio. En 2005, mientras Gran Bretaña informaba a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de 55.000 incidentes racistas, en España se reconocían sólo diez. Otra cuestión es que el país que pidió la extradición de Pinochet es incapaz de apoyar el derecho a la verdad, reparación y justicia para las víctimas de la Guerra Civil. ¡Es un escándalo! No conozco ni un solo país en el que las víctimas de desapariciones extrajudiciales sean, además, las que tienen que exhumar los cadáveres de sus familiares. Y aquí lo hacen ellas sin que haya un fiscal, un juez o un policía. Los avances positivos en España en los últimos años tienen que ver con la Ley Integral de Violencia de Género y con el reconocimiento a las parejas homosexuales.
¿Es igual de frágil la Unión Europea?
Hay elementos comunes, como la política de inmigración, que es inútil e inmoral porque lo único que hace es decir que va a retener a la gente en las fronteras, mientras éstas se van desplazando; primero, Marruecos, luego, Senegal y dentro de poco, Suráfrica. ¡Y los africanos siguen llegando! La política europea de inmigración es violatoria de los derechos humanos y ha convertido el derecho al asilo en una especie de lince ibérico en peligro de extinción. Hay otras políticas europeas positivas, como la lucha contra la pena de muerte, pero en el caso de la inmigración el consenso comunitario es un auténtico desastre para los derechos.
¿Hay un aumento de la represión en todo el mundo?
Las decisiones de los políticos que generan pobreza no sólo significan que no haya atención sanitaria, ni educación, ni vivienda para todos, sino también restricciones a la libertad de expresión. Uno de los grandes avances de la humanidad en los últimos años ha sido la sociedad civil; la gente organizada en sindicatos, ONG y asociaciones en defensa de los derechos humanos. Esto, que ha sido una manera de ponerle freno a los abusos del poder, es lo que ahora se está reprimiendo. En Latinoamérica, por ejemplo, se reprime a las asociaciones de derechos ambientalistas por oponerse a la tala de árboles. Colombia es el país del mundo que más sindicalistas mata por año, y en Rusia se les acusa de terroristas y de estar vinculados con los chechenos. Eso por no hablar de China, donde las restricciones a la libertad de expresión forman parte del paisaje. Toda esta sociedad civil independiente que denuncia y frena el abuso de poder es sometida a acoso en muchas partes del mundo.
El mundo necesita dignidad. ¿Es una llamada al activismo social?
A lo largo de la historia, los liderazgos sólo se han logrado a empujones de la gente. Afortunadamente, hoy tenemos dos elementos que permiten esto. De un lado está la sociedad de la información, internet, que permite una capacidad de movilización y de presión extraordinarias. Los medios de comunicación han dejado de ser los intermediarios entre la gente y el poder. Recientemente, gracias a la presión en la red, Amnistía logró que seis niños pudieran salir de Gaza para ser atendidos y no murieran. Un segundo elemento es que la gente está mucho más organizada que hace 30 o 40 años, por ello también se quiere golpear más. La suma de la rapidez de la información y la capacidad de organización de la gente puede traer grandes cambios.
¿Como cuáles?
La pobreza no puede seguir secuestrada por la economía. ¿Sólo yo me asombro de que, con las cifras de personas que mueren cada año o que viven en la pobreza, nunca haya comparecido nadie ante un tribunal? Ésta es una cuestión de derechos humanos, no de economía. Esto significa que existen responsables directos. Cuando el Gobierno de Zimbabue utiliza los cereales para matar de hambre a la oposición política, eso es una violación de derechos humanos. Cuando una empresa como Shell, en el delta del Níger, contamina 31.000 km2 y deja sin alimento a millones de personas, esto es una violación de derechos humanos y alguien tiene que pagar por ello. Cuando el Gobierno de Israel destruye 3.500 viviendas de palestinos, eso es una violación de derechos humanos. Yo creo que la gran movilización es considerar que de la misma forma que hace años peleamos para que la tortura fuese prohibida a nivel internacional y lo logramos, hoy hay que sacar a la pobreza del ámbito técnico de la economía y llevarla al terreno de los derechos humanos para que la gente se pueda defender. Ése es el comienzo del cambio.
¿Cómo se logra eso?
Haciendo que estos derechos sean reconocidos en todas las constituciones y leyes. Que la vivienda digna, por ejemplo, sea un derecho fundamental y que los responsables de las políticas que dejan a millones de personas en el hambre sean puestos ante la justicia. ¿Cuándo se produjo un gran cambio a este nivel y la gente se dio cuenta de que no hablábamos de idealismos? Cuando Pinochet fue detenido en Londres por orden de un juez español por crímenes cometidos en Chile. Los Objetivos del Milenio, en nuestra opinión, son muy incompletos porque no se van a cumplir y porque nadie va a pagar por ello, salvo la gente que pasa hambre. La gran revolución es considerar que la pobreza es como la tortura, una violación de los derechos humanos muy seria que tiene responsables. Ligar la pobreza a la economía es totalmente insuficiente. Hoy hay más pobres que hace 11 años a pesar de haber logrado un crecimiento económico.
¿Serán compatibles la sostenibilidad económica y el respeto a los derechos humanos?
No pedimos un cambio de sistema. Cuando combatimos contra la pena de muerte o la tortura, no combatimos contra un sistema, simplemente decimos que es algo insoportable. Ahora hay que hacer que también lo sea que los niños mueran de hambre, que la gente viva en las ruinas de su casa durante años o que las niñas no puedan acceder a la escuela en toda su vida. Esto es, simplemente, insoportable. Y necesitamos el apoyo de mucha gente para que se nos oiga. La pobreza es una violación de derechos humanos; eso es lo importante. Luego ya veremos qué medidas tomamos, pero, primero, obliguemos a nuestros gobiernos a cambiar eso.
Su libro ‘Derechos torcidos’ está escrito desde la rabia. ¿Por qué?
Es un libro que he escrito a título personal, no como portavoz de Amnistía. En él intento desmontar algunos tópicos sobre la política, la pobreza y los derechos humanos. He escrito mensajes muy básicos, como que la pobreza debe ser abolida por ley o que los políticos no deben hacer siempre lo que les pide la gente porque eso podría ser muy peligroso. Lo vimos, por ejemplo, cuando Brasil decidió que las armas podían estar en manos de la gente, provocando así 6.000 muertos más cada año. O también cuando se analiza el lenguaje de George Bush, cuando llama a los desaparecidos “prisioneros fantasma”. Las palabras matan y yo he escrito durante cinco años desde la rabia, pero también desde el rigor para ser capaz de vomitar todo esto.
¿Se ha quedado a gusto?
Sí. Lo publiqué, lo ha leído mucha gente y ha suscitado algún que otro debate interesante, como el del tópico de que la Transición española fue modélica, cuando no lo fue. También otros más recientes, como lo buenas que son las ONG, cuando no es así, y sobre las dudosas bondades de la responsabilidad social empresarial. En fin, me he metido en cuatro o cinco charcos importantes (risas).
Por Esther Mira
Sumario n. 362
… Uno de los grandes avances de la humanidad en los últimos años ha sido la sociedad civil; la gente organizada en sindicatos, ONG y asociaciones en defensa de los derechos humanos…
Le quisiera comentar sobre un tema social que tristemente es actualidad por el atropello de los derechos humanos ocasionado en los ciudadanos varones y la sociedad civil desconociendo la realidad.
Varones separados y derechos civiles
16/11/2009
Quisiera sensibilizar a la opinión pública de una aplicación de procedimientos que vulneran los derechos de ciudadanos varones por una ley contra la violencia de género que no se aplica convenientemente. Les adjunto mis impresiones tras la vivencia de estos hechos increibles pero ciertos en una sociedad que dice ser libre y defensora de la ciudadanía.
Ley contra violencia de género y Justicia ciega: Soy un ciudadano que está pasando en carne propia los atropellos de la aplicación indiscriminada de la citada ley en procedimientos que no se pueden aplicar a ciudadanos no violentos. No hay derecho a aplicar unas leyes contra un ciudadano vulnerando su presunción de inocencia y dignidad. La Justicia está al servicio de todo ciudadano. No teniendo opción se encaminan procedimientos para casos de violencia de género en ciudadanos que no pueden probar y defender su inocencia. Procedimientos implacables que dejan un poso de injusticia o justicia ciega y sin garantías para los ciudadanos varones. Es un abuso de poder por parte del sexo femenino y sin garantías para la parte contraria.
La Institución de Justicia no controla ni filtra los casos de violencia de género y en el mismo procedimiento se aplican las medidas cautelares aceleradamente y posteriormente un divorcio exprés. Todo ello no propicia un espacio donde se lleve a cabo una separación civilizada y no se ayuda a que los cónyuges rehagan sus vidas y puedan continuar con sus espacios padres-hij@s dentro de una racionalidad y no con una crispación permanente y criminalización de todas las conductas del cónyuge varón.
Tal y como se aplica la nueva ley contra la violencia de género que se puso en vigor a finales del año pasado es preferible esperar a tener una infraestructura que filtre los casos de demandas de separación no entrando indiscriminadamente en dichos casos por falta de medios (mediadores, arbitrajes. estudios psicológicos, …).
Una Administración de Justicia tan inoperativa ocasiona más errores que aciertos en la aplicación operativa de unas leyes que son necesarias en los casos en que se den realmente casos de violencia de género.
Un ciudadano afectado en una mala aplicación del procedimiento acelerado.
Saludos.